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lunes, 26 de septiembre de 2011

Ante los nuevos desafueros del neo liberalismo, avanza la resistencia civil.

Editorial periódico El Usuario No 32.

Con escasos trece meses en el poder se cuentan por decenas los desafueros del gobierno de Juan Manuel Santos. Un vistazo a decisiones de esta administración permiten sustentar que, contrario a lo que algunos creen, el excadete de la naval es de pura estirpe neoliberal y, sin duda, defensor de las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional FMI. Su gobierno, al igual que los que Colombia ha tenido -desde Cesar Gaviria- le cumplirá al “consenso de Washington”.
Extendiendo las políticas aplicadas en el mandato precedente y tratando de esquivar el fracaso de los planes departamentales de agua y la corrupción que los ronda, quiere continuar el programa, eso sí, “aumentado y corregido”, “de segunda generación”. Pero, como está probado en la construcción de infraestructura vial, a través de concesiones, con cada “nueva generación” estas son peores. Y la razón para que así sea es sencilla. Estos son negocios destinados más que a solucionar la construcción de nuevas vías o la calidad y el abastecimiento de agua, a llenar las alforjas del capital financiero, de los bancos, que como lo señala un reciente informe de la Contraloría General de la República, son los grandes beneficiarios con los planes departamentales de agua. 
El asunto es tan grave que muchos municipios no alcanzan ni a pagar las comisiones que deben pagar por la administración fiduciaria de sus propios recursos. 
El informe de la Contraloría, a más de lo señalado, verifica otros asuntos que confirman lo que desde la Unión Nacional de Usuarios y otras organizaciones como el Comité Nacional en Defensa del Agua y la Vida, CNDAV, se había afirmado: Que la política consistía en concentrar los recursos de departamentos y municipios sin garantizar la realización de las obras solicitadas. El estudio prueba que de 600 municipios que se inscribieron y aportaron para la realización de obras de saneamiento básico, tan solo clasificaron 200. Los otros 400 comprometieron sus recursos y no verán obra alguna. Y falta ver si a los 200 les cumplen porque, y, también lo habíamos señalado, las inversiones realizadas son de tan solo el 20% de los más de 1.1billones de pesos aportados por municipios y departamentos. 
Es cierto, además, que los recursos de la nación para los planes departamentales de agua no aparecen y los que aportarían los privados menos. Las billonarias inversiones prometidas para engañar alcaldes no se cumplieron y, como era previsible, el gobierno de Uribe, que chantajeó a municipios y departamentos que no se sometieron a los planes de agua y calumnió a quienes opusimos resistencia a su política, se salió con la suya. Los dineros dejan jugosas utilidades al capital financiero mientras se alarga el padecimiento de más de nueve millones de colombianos que no disponen de agua potable, ni de sistemas de alcantarillado, ni de una adecuada distribución del recurso hídrico. Y Santos, con el respaldo solapado de sus noveles áulicos y con su capacidad de engaño, perorata sobre los planes de segunda generación que sin duda serán peores que los del uribismo porque, en el fondo, persiguen lo mismo: la privatización y mercantilización del agua. Sin embargo el fallo del Consejo de Estado, sobre las vigencias futuras -caso del departamento de Casanare- deja en difícil condición el esquema de financiación de planes departamentales de agua. Habrá que estar atentos al desarrollo de tan espinosa cuestión para la política gubernamental. 
El otro asunto sobre el que queremos detenernos es el de la propuesta ilegítima, arbitraria, del gobierno de Santos de privatizar la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB.
Aprovechando la coyuntura que se presentó a raíz de la sanción impuesta al alcalde de Bogotá, nombró como alcaldesa encargada, de manera claramente ilegal, a María Fernanda Campo -su Ministra de Educación- quien, como bien sabe la opinión pública, no pertenece al partido del alcalde sancionado. Y aprovechando el escándalo del “carrusel de la contratación” la puso a planear y preparar la venta de la ETB, aunque sabía que ella no podría presentar el proyecto por ser accionista de la empresa, o, ¿para qué la nombra?

Santos, desconociendo el programa del Polo, el plan de desarrollo aprobado por el Concejo y la voluntad política de quienes eligieron al alcalde de Bogotá, nombra a Cristina Plazas Michelsen como alcaldesa ad hoc, quien es, a su vez, Secretaria del Consejo de Ministros. Y, abusando del poder presidencial, le otorga facultades para que convoque a sesiones extraordinarias al Concejo de Bogotá y para que tramite y sancione el acuerdo para la venta de la ETB. 
Este inaudito desafuero cometido por el presidente Santos generó el rechazo de múltiples organizaciones cívicas, sindicales, sociales, políticas y de usuarios de servicios públicos que, además de condenar las marrullerías privatizadoras del presidente no se deja engañar con la supuesta lucha contra la corrupción mientras que, sin vergüenza alguna, tramita proyectos en beneficio de los miembros de su gabinete. 
Ante la actitud fraudulenta de la Presidencia de la República y conociendo al detalle que en los procesos de enajenación de empresas públicas, estas siempre terminan vendidas a menos precio, el senador Jorge Enrique Robledo pidió a la Contraloría y a la Procuraduría investigar el detrimento del patrimonio público en que se podía incurrir por la posible privatización de la ETB. Y el analista económico, hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suárez, presentó una demanda penal por la posible manipulación del valor de las acciones de la empresa, síntoma inequívoco de los neoliberales para abusar del patrimonio público. 
Frente a este atropello del uribo-santismo o del santo-uribismo, igual, la Unión Nacional de Usuarios y sus organizaciones filiales se sumaron al clamor popular y democrático que hizo posible el hundimiento del proyecto de acuerdo de la presidencia de la república. 
Como Unión de Usuarios participamos de las movilizaciones que el sindicato de la ETB programó y explicamos la gravedad de lo que estaba sucediendo. Al final los trabajadores, sus sindicatos, el pueblo de Bogotá y con ellos la ciudad ganaron la contienda de la privatización de la ETB. 
Otros desafueros, a lo largo y ancho del país, está cometiendo este gobierno. A los boyacenses les prometió que no privatizaría la empresa de energía, pero ya salió el decreto que autoriza su venta. A los caucanos les cambiaron la empresa estatal de energía por una privada que está dedicada a esquilmarlos. A los caleños les siguen manejando EMCALI al antojo de los depredadores de lo público. Y, por toda la geografía patria, los neoliberales generan estragos contra los bolsillos de millones de empobrecidos compatriotas y contra los bienes públicos que varias generaciones construyeron. 
Todas estas son razones para denunciar a Santos y para que los usuarios escojamos bien, por quién votar, en las elecciones del 30 de octubre. Al igual que en otras oportunidades, El Usuario, llama a votar por aquellos que se opongan a la privatización y propendan, como en el caso de Aurelio Suárez -candidato a la alcaldía de Bogotá- porque los servicios públicos sean derechos y estén al servicio de los usuarios y no sólo de los negocios de unos cuantos monopolios nacionales y extranjeros. 
La propuesta de Aurelio Suárez, Por el derecho a los servicios públicos domiciliarios: No a las tarifas confiscatorias, Sí al agua, a la energía, a las comunicaciones y al saneamiento básico* debe ser difundida y servir de referente para que miles de usuarios lo elijan alcalde de Bogotá y, de esa manera, avance la resistencia civil a los desafueros del neoliberalismo. 
*Programa para la Alcaldía Mayor de Bogotá

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