El Plan Nacional de Desarrollo de Santos, Prosperidad para Todos, en el artículo 18, propone incrementar el impuesto predial, uno de los varios impuestos que pagan los colombianos para sostener los gobiernos municipales. Dicho gravamen se compone de un impuesto y una sobretasa. El impuesto propiamente dicho es un porcentaje sobre el valor del avalúo catastral y, la sobretasa, también es un porcentaje del avalúo, pero destinado al sostenimiento de las corporaciones autónomas regionales CAR.
En cada municipio los porcentajes a pagar son fijados por el concejo municipal, a iniciativa del alcalde y en el marco de la ley que reglamenta los rangos del cobro. El avalúo catastral es definido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y por ley cada cinco años se debe reavaluar. También, mediante decreto, el gobierno nacional aumenta todos los años el valor del avalúo predial.
Este impuesto es un sostén importante de los municipios y el “nuevo gobierno” de Santos -en las Bases para el Plan de Desarrollo 2010-2014- plantea que el “Fortalecimiento de los ingresos de recaudo propio de las entidades territoriales”, debe darse sobre la base “de incrementar la tarifa mínima legal del impuesto predial” y, “fortalecer al IGAC técnica y presupuestalmente para ampliar su capacidad de actualización catastral”.
Efectivamente, en el artículo 18 del plan de desarrollo, el gobierno incrementa “la tarifa mínima del impuesto predial unificado” así:
Artículo 4°. La tarifa del Impuesto Predial Unificado, a que se refiere la presente Ley, será fijada por los respectivos concejos municipales y distritales y oscilará entre el 7 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo”.
Lo primero a explicar es que las tarifas del impuesto predial, hoy, oscilan entre el 1 y el 16 por mil del valor del avalúo catastral. Y también debe decirse que en numerosos municipios están exoneradas del pago muchas viviendas de bajo valor. En el caso de Manizales, por ejemplo, no pagan impuesto predial aquellas viviendas que estén avaluadas en menos de 13 millones de pesos. De acuerdo con la modificación, el cobro del impuesto será, mínimo, del 7 por mil para las viviendas que no sean de interés social. Las que lo sean, pagaran el 3 por mil. Se acaba así con la exoneración que hoy tienen millares de pequeñas propiedades.
Dice también el plan que “las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresiva, teniendo en cuenta diversos factores tales como: los estratos socioeconómicos; los usos del suelo en el sector urbano; la antigüedad de la formación o actualización del catastro; el rango de área y el avalúo catastral y remata señalando que:
“El incremento de la tarifa se aplicará a partir del 2012, de la siguiente manera: para el 2012 el mínimo será el 3 por mil, en el 2013 el 5 por mil y en el 2014 el 7 por mil.” Las capas medias y los sectores populares serán los que sobrelleven, con sus escasos recursos, los incrementos en el impuesto predial.
Como serán de exageradas las alzas en los avalúos catastrales y el impuesto predial que en el mismo artículo 18 se señala que “a partir del año en el cual entren en aplicación las modificaciones de las tarifas, el cobro del Impuesto Predial Unificado resultante con base en ellas, no podrá exceder del 25% del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior.”
Y como se trata de aumentar el recaudo, en los tributos municipales, para ayudar a mitigar los dos recortes hechos a los municipios de las transferencias que les hace la nación, el artículo 19 señala que: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi formulará “una metodología que permita desarrollar la actualización permanente” y “estimar valores integrales de los predios acordes con la dinámica del mercado inmobiliario”. Y, remata: “El avalúo catastral de los bienes inmuebles no podrá ser inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor comercial”. Lo que quiere decir que podrá ser igual al avalúo comercial.
Se configura así el aumento de esta exacción tributaria que, a nombre de la Prosperidad para Todos, terminará esquilmando los bolsillos de millones de propietarios y garantizando que los impuestos locales paguen un porcentaje mayor del sostenimiento de los municipios. Según planeación nacional, “más de 1000 municipios dependen entre el 70% y más del 90% de los recursos del Sistema General de Participaciones y las regalías, para financiar sus competencias”. Viven de los recursos que la nación les gira.
La reforma busca también que los entes locales dispongan de más recursos para que respondan al capital financiero, nacional y extranjero, cuando les preste. En últimas que los municipios tengan con qué pagar “el endeudamiento que financie su desarrollo”.
Oscar Gutiérrez Reyes
Manizales, febrero 23 de 2011
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