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El control social a los servicios públicos domiciliarios opta por: La conservación, preservación hacia futuro de los sistemas y medio circundante, el mejoramiento en la calidad de vida de los usuarios y servicios, la cobertura, la prestación, la atención y la defensa de los usuarios ante las comisiones de regulación, empresas de servicios, los órganos de control y todas las autoridades e instancias relacionadas con el tema, el análisis de la normatividad y sus consecuencias.

Desde los comités de desarrollo se permite realizar el estudio, análisis, control y veeduría a los servicios públicos de agua, aseo, energía, gas y las telecomunicaciones, otros en:

Normatividad
Conforme a lo dispuesto en el Art. 1º de la Ley 142 de 1994, “Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública [fija] básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural…”, y estos servicios públicos “se considerarán servicios públicos esenciales” –Art. 4º ibídem-

En el &$CAPÍTULO II, DEFINICIONES ESPECIALES, en su &$Art. 14. DEFINICIONES, la norma citada dispone que para interpretar y aplicar esta Ley se tendrá en cuenta la siguiente definición:

14.21. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Son los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible, tal como se definen en este capítulo.”
(…)
 Servicio público de Agua:
La crisis ambiental ha planteado muchas problemáticas porque la sociedad ha ignorado los efectos de sus acciones, el exceso en la demanda tiende a agotar los recursos, los más afectados son bosques y aguas.
 Aspecto general
“El agua es un componente esencias de la vida.  Químicamente se define como una sustancia que proviene de la reacción del hidrógeno y el oxigeno, la formula H2O y peso molecular de 18 gr./ mol, al mismo tiempo ácido, hidróxido, sal y oxido, unión de elementos químicos que puede cambiar el estado líquido a gaseoso y al sólido, y que nos sirve de base para medir la densidad y la temperatura de las sustancias, pues el calor la hace cambiar constantemente de Estado: Es vapor, hielo, líquido, granizo, nieve, lluvia, quebrada, río, mar, nube cielo, es la sustancia con más calor específico, es decir la que demanda más calor para aumentar un grado y la que más lo desprende al disminuirlo.

“El agua amortigua los cambios de temperatura, simboliza la vida.

“Pero el 97% de los 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua que existen en el planeta son salados, y el 3% restante de agua dulce, tres cuartas partes corresponden a hielo en los polos o a recursos inaccesibles, que por lo tanto no se pueden beber.  Ello implica que menos del 1% del total del agua en la tierra está disponible para la mayor parte de los seres vivos. Por eso el agua es ante todo un bien común y el consumo humano es prioritario frente a los demás usos posibles del agua;  y su status jurídico no puede ser otro que el de bien público”. (Fuente: “El agua esencial para la vida”, Cartilla bàsica del Referendo del Agua y Comité Nacional en defensa del agua y la vida.  Bogotá, abril 2008)

Contexto colombiano
Aparentemente Colombia sería una excepción a la crisis mundial del agua. En efecto, el país es considerado como uno de los que poseen los mayores volúmenes de agua en el mundo. Para 1992, contaba con 2.680.000 hectáreas de humedales, 743.000 cauces de aguas de 15.519 Km. de longitud fluvial en un área territorial de 1.141.748 Km. y con una población de 39.5 millones de habitantes[1]. Actualmente con una población de 44.5 millones de habitantes y el deterioro creciente de los ecosistemas el panorama puede ser menos halagüeño.  No obstante, la oferta hídrica en Colombia calculada en 58 Lts/seg/Km2, puede considerarse aceptable, siendo tres veces mayor que la oferta hídrica de Sudamérica y 6 veces mayor que el promedio mundial[2]

El caso colombiano encierra sin embargo una serie de paradojas. Amplias zonas del territorio nacional ya presentan problemas de escasez de agua. Esto se debe a las características del poblamiento y del modelo de desarrollo que ha concentrado la mayor parte de la población en la gran cuenca hidrográfica del Caribe, que incluye la zona andina.

El mapa de Índices de Aridez incluido en el “Perfil del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en Colombia 2001”, elaborado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM -, muestra que la cuenca del Magdalena – Cauca, de la región hidrográfica del Caribe, cuenta con un rendimiento hídrico promedio de normal a deficitario. Esto es grave dado que los asentamientos poblacionales alcanzan en esa zona el 70% de la población colombiana y que allí se desarrolla la mayor actividad económica del país pero también se presentan los mayores índices de contaminación ambiental y degradación de los recursos naturales.

Entre los factores que contribuyen al agravamiento de la anterior situación se destaca de una parte el deterioro de los ecosistemas de alta montaña denominados páramos, intervenidos en un 60%. De otra parte la contaminación con agro tóxicos cuyo consumo asciende a 25.000 toneladas de Ingredientes Activos –IA- en los últimos 25 años, lo cual representa una intensidad de uso de alrededor de 6 Kg. de IA/ha cultivada.

De otra parte, los incipientes estudios respecto al agua subterránea en Colombia indican que existe un potencial de almacenamiento de agua cercano a los 415.000[3] Km2 (36% del país) y solo se tienen estudios de 15% de esta área. Los estudios actuales de exploración y evaluación de aguas subterráneas a nivel regional y local realizados en Colombia, han permitido identificar algunas áreas donde existe un potencial en la oferta en cantidad y calidad para diferentes usos. Estudios hidrogeológicos realizados en el país por diferentes entidades encargadas de la investigación y planificación del uso, manejo y aprovechamiento de las aguas subterráneas estiman preliminarmente que el área total de Colombia con posibilidades de contener importantes almacenamientos de aguas subterráneas, cubre una extensión de 415.000 km2 (36% del país). Varios acuíferos en Colombia están siendo sobre explotados, un caso preocupante es el de la Sabana de Bogotá que de acuerdo con la información del profesor Tomas van Der Hammen[4] la extracción actual de agua subterránea sería mucho mayor que la recarga, unas 4 a 5 veces, lo que significará una explotación no sostenible. El descenso fuerte del nivel del agua subterránea parece confirmar esta conclusión.

Colombia ya afronta una crisis de acceso de su población al agua potable es un hecho ampliamente reconocido. Sin embargo al analizar las causas y las soluciones el consenso es mucho menor y con frecuencia las posiciones contrapuestas, se tiende a ver el problema en forma unilateral, enfocando uno o algunos aspectos y dejando de lado otros seguramente más definitivos. Así por ejemplo suele desconocerse lo ya identificado en la “Estrategia Nacional del Agua”[5], hace doce años, cuando se indicaba:

“Dicha problemática tiene como factor determinante las formas de ocupación del territorio y los sistemas de producción, dentro de los cuales los sistemas tecnológicos son particularmente significativos, como factores que alteran las condiciones de regulación del ciclo hídrico; es decir, la relación básica Suelo – Agua – Vegetación – Aire y la relación sistémica entre los diferentes pisos altitudinales, creando los desfases en la disponibilidad espacial y temporal de la oferta y las condiciones de calidad de la misma, condiciones que explican los conflictos de la relación Oferta – Demanda hídrica y por tanto las limitaciones al desarrollo sostenible”[6].

Es decir la crisis del agua no es otra cosa que una de las manifestaciones más evidentes y sentidas del grave deterioro ambiental al que han sido sometidos los ecosistemas colombianos por un modelo socio - económico depredador.

Adicionalmente, en el informe se anota:

“Entre 1995 y 2000, los usuarios tuvieron que pagar en sus facturas mayores valores en acueducto y alcantarillado que fluctuaron, en términos reales, entre el 38% y el 226% en las 18 principales ciudades del país, dependiendo del estrato y de la ciudad en la cual residen. En el caso de Bogotá, las tarifas de acueducto y alcantarillado, en términos reales, crecieron entre 1997 y 2002 de la siguiente manera: 232% en el estrato uno, 138% en el estrato dos, 110% en el estrato tres, 59% en el estrato cuatro, 43% en el estrato cinco y 39% en el estrato seis. Con menor intensidad, pero también con crecimientos igualmente significativos, en las otras tres principales ciudades del país se presentó un fenómeno similar”.[7]

En conjunto estas consideraciones dejan concluir que la política tarifaría en servicios públicos sostenida desde 1994, que genera estos aumentos tarifarios descomunales se constituye en una los principales obstáculos para la efectiva aplicación de los criterios de distribución y disponibilidad equitativa al agua, como elementos fundamentales para la realización del derecho al agua y al saneamiento.
A pesar de que el incremento en los indicadores de calidad de vida en las zonas rurales ha sido fuerte desde 1985 a hoy, la calidad de vida rural sigue siendo mucho más baja que en las cabeceras (urbanas) municipales y se presentan enormes distancias con relación a las coberturas de los servicios básicos.

Provisión: el índice de escasez muestra la relación entre la demanda de agua y la oferta hídrica neta. En un año seco (fenómeno del niño) promedio el índice de escasez afecta a 209 cabeceras municipales en las categorías de alto, medio alto y medio involucrando al menos 18 millones de personas. Los mayores valores se presentan en el valle alto y medio del río Cauca, en el altiplano cundí boyacense, en el cañón del Chi camocha y el Suárez, en el cañón del Zulia, en la Guajira, en San Andrés y Providencia y en algunos municipios dispersos de la costa Caribe.

En el resto del país el índice es mínimo o no significativo. Sin embargo, el índice no contempla aspectos complementarios como el almacenamiento y el transporte del agua, que no necesariamente coinciden con problemas graves de abastecimiento de los sistemas de acueducto[8].

En relación con la vulnerabilidad que mide cualitativamente el grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener una disponibilidad segura ante la sequía, tenemos que 14 municipios presentan un nivel muy alto en Valle, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander y la Guajira. Las categorías media y alta vulnerabilidad se presentan en la zona andina y en toda la región Caribe. Pero la vulnerabilidad media también se extiende hacia la Orino quía, especialmente Casanare.

Teniendo en cuenta la situación actual del país y las tendencias en relación con la oferta y la demanda de agua, las regiones Andina y Caribe son las más vulnerables. La tendencia es al incremento de la vulnerabilidad actual y a la aparición cada vez de nuevas áreas con índices críticos, por cuanto los procesos de deterioro por contaminación o disminución de la oferta por afectación del ciclo y un aumento constante en la demanda se mantendrán en el mediano plazo.

Ciudadanía activa en la defensa de los recursos hídricos
                                                                                                                                                                                                                      
La Constitución Nacional y la normativa permiten una nueva política pública para que los ciudadanos en Colombia se permitan garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales hídricos, de cara a los grandes retos del futuro inmediato, mediato y de largo plazo.



Servicio público de Aseo
Este tema cobra singular importancia en tanto el servicio público del aseo, fue el primero en privatizarse y ha demarcado el camino para la entrada de grandes grupos económicos nacionales e internacionales en la prestación de los servicios públicos en el país.  Transcurrido el tiempo se ha observado los intereses de sectores sociales y económicos dando propuestas en la formulación de políticas publicas de acuerdo a sus propias necesidades, tal es el caso del actual PMIRS, que responde a una serie de procesos históricos sociales y económicos de la ciudad, sobre los que se ha legislado tratando de dar un orden a lógicas disímiles y a veces lejanas de la prestación de un servicio público, en el que haya un servicio eficiente con cobros que sean justos y beneficien a los usuarios.

Para el ejercicio del control social en aseo se  busca desarrollar una mirada crítica en el país y sus impactos de orden político, social, económico y ambiental, también también facilita medir los niveles de participación presentadas por diversos sectores sociales frente al tema, y hacer un continuo seguimiento a los PQR`s.

Variables a medir en control social:

  • Estado del sector aseo al momento de aprobación de sus planes maestros
  • El énfasis en sus políticas sociales y satisfacción de los usuarios
  • La cobertura, eficiencia, calidad e impacto ambiental

Enlace de interés

  Servicio público de Energía
Según lo ha definido la Ley  142 de 1994 en su artículo 14 numeral 25, este servicio público consiste en el transporte de energía eléctrica desde redes regionales de transporte hasta el domicilio del usuario final, incluida su conexión y medición.

“Aunque en el país se ha avanzado considerablemente en la previsión de los servicios públicos, en construcción de infraestructura, movilidad urbana y ordenamiento territorial, entre otros, se hace necesario que este desarrollo tenga garantizado su acceso universal para el conjunto de la población y, más aùn tengan una repercusión real en la mejoría de las condiciones de vida de la población en su conjunto y de las poblaciones más vulnerables en particular”. (Alcalde Mayor Luís Eduardo Garzón.  Exposición de motivos Plan de Desarrollo. 2006).

Igualmente, las variables a tener encuenta para ejercer el control social serán:

·         Derechos de los usurios e incidencia para la toma de desiciones
·         La defensa de los bienes y recursos públicos
·         Defensa del estado social de derechos
·         Sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente y del territorio
·         Impactos económicos, sociales y culturales
·         Desarrollo económico y social

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  Servicio público de Gas:
De acuerdo con las definiciones legales, el servicio público domiciliario de gas combustible es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio y por tanto se debe tener en cuenta todas las formas de distribución posibles: la que se hace a través de redes en el caso del gas natural y la que se hace principalmente a través de cilindros en el caso del gas licuado del petróleo –GLP- y/o gas Propano.

Según la definición de GAS COMBUSTIBLE [9] contenida en el ANEXO I, se considera como tal “cualquier gas que pertenezca a una de las tres familias de gases combustible (gases manufacturados, gas natural y gas licuado de petróleo)…”

Análisis a tener encuenta dentro del ejercicio del control social en defensa de los usuarios

·         Defensa de los bienes y recursos públicos
·         Políticas de expansión e integración regional
·         Defensa del Estado Social de Derecho
·         Educación, sostenibilidad y sustentabilidad del medio ambiente y del territorio
·         Impactos económicos, sociales y culturales
·         Desarrollo económico y social
·         Hacer diagnósticos en cobertura, eficiencia, equidad y calidad
·         Políticas públicas del sector desde lo social

Enlace de interés


  Las Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones son el pilar actualmente de la información y dinámicas de la sociedad, la cual permite contribuir en el desarrollo del territorio, en su economía, lo ambiental, estructural y ritmo de vida y para tal efecto se plantearán algunas definiciones:  

Desde el punto de vista técnico, la telefonía es el envío de voz a distancia, utilizando medios alambricos o inalámbricos.

La telefonía hace uso de aparatos telefónicos, centrales de conmutación y redes, cuya tecnología ha estado en permanente evolución.

“Desde el punto de vista legal la telefonía pública básica conmutada (TPBC),  es  el servicio básico de telecomunicaciones, uno de cuyos objetivos es la transmisión conmutada de voz a través de la red telefónica conmutada con acceso generalizado al público. Las normas básicas que lo regulan son: el Decreto 1900 de 1990, la Ley 142 de 1994 y la Resolución de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) No. 575 de 2002 .

“En concordancia con el Parágrafo del Artículo 1° y el Artículo 2° del Decreto 1119 de 1997, la construcción, operación y modificación de redes para el transporte y distribución de los servicios de TPBC se rige exclusivamente por la Ley 142 de 1994 y por las normas ambientales, sanitarias y municipales a que hacen referencia los Artículos 25 y 26 de la citada Ley.

“La evolución del sector de las telecomunicaciones durante los últimos años, lo han llevado a pasar de ser un sector monopólico a un sector en abierta competencia.

“Este cambio en el sector se debe en gran medida a los beneficios que genera el modelo de competencia, en cuanto a calidad, eficiencia, portafolio de servicios y tarifas más competitivas.

“Tradicionalmente en Colombia los servicios de TPBC se prestaban en ambientes monopólicos, por empresas cuya naturaleza era cien por ciento públicas, ya fueran del orden nacional o municipal.

Con base en los desarrollos legales y regulatorios contenidos en la Ley 72, el Decreto 1990 de 1990, la Ley 142 de 1994 y la Resolución 86 de la CRT, se abrió a la competencia la telefonía local y empezaron a operar en Bogotá  en 1996, Telecom y EPM Bogotá en competencia con la ETB, operador dominante en Bogotá”. (Tomado Plan Maestro de las Telecomunicaciones, Bogotá – 2006)

Las comunicaciones deben contribuir con el desarrollo equilibrado y sostenible del país en lo económico, ambiental y social mediante las ventajas competitivas que generarán las dinámicas y provisión futura del servicio de telefonía básica y de los servicios especializados de Telecomunicaciones.

Por tal razón el control social se enfocará en hacer el seguimiento a las siguientes variables:

-          A los mecanismos, las responsabilidades y garantías de la participación en cada una de las fases sobre la prestación del servicio.
-          En los derechos de los usuarios: a) tener encuenta la participación ciudadana con incidencia en la gestión y control de las nuevas políticas para el sector. b) hacer seguimiento a la equidad y proporcionalidad en las necesidades de los usuarios, c) al derecho a la información, d)  a la prestación del servicio con eficiencia y calidad.
-          Seguimiento a las PQR`s.

Enlaces de Interés

[1]. Véase Rodrigo Marín, Estadísticas sobre el recurso agua en Colombia, Himat, Bogotá 1992
[2]. Memoria Técnica de la estrategia nacional del agua, Ministerio de Medio Ambiente, páginas 39 y40,   
    Editorial Gente Nueva, Bogotá 1996.
3 IDEAM Op Cit.
[4] EL AGUA EN LA CUENCA ALTA DEL RIO BOGOTA. Thomas van der Hammen 2006
[5]  Memoria técnica de la estrategia nacional del agua. Minambiente, 1996
[6] Ibídem, página 39.
[7] Tomado textualmente del informe sectorial de la Contraloría General
[8] IDEAM. Informe anual sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables en Colombia. 2004
[9] GAS COMBUSTIBLE: Es cualquier gas que pertenezca a una de las tres familias de gases combustibles (gases manufacturados, gas natural y gas licuado de petróleo) y cuyas características permiten su empleo en artefactos a gas, según lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC – 3527, o aquellas que se modifiquen, sustituyan o complementen.

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